La Policía acusa a Suárez Trenor de tener 520.000 euros de origen ´desconocido´ ¿ otro mas ?

La Policía acusa a Suárez Trenor de tener 520.000 euros de origen ´desconocido´

El Juzgado pide ayuda a las autoridades británicas para confirmar si el expresidente del Puerto abrió una cuenta en las Bermudas

Los informes policiales que investigan el patrimonio del expresidente del Puerto de Santa Cruz y exdirigente de Coalición Canaria Luis Pedro Suárez Trenor, por el conocido caso Fórum Filatélico, determinan que este tiene una cantidad total de 520.900 euros de ingresos en efectivo que son de origen "desconocido", puesto que no corresponden con los pagos por rendimientos del trabajo que constan en la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Además, tal y como adelantó ayer la opinión de tenerife, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial remitió a principios de este año a los tribunales un oficio en el que se informa de que el que también fuera consejero de Obras Públicas del Gobierno canario tiene una cuenta bancaria en las Islas Bermudas con un saldo actual de 434.916 dólares. El Juzgado de Instrucción Número 5 ha acordado que se libre una comisión rogatoria a la autoridad británica para que se investigue este asunto y para que se proceda al embargo preventivo y al bloqueo de la cuenta, según ha podido averiguar este periódico.

La UDEF señala que ha recibido información procedente del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en la que se indica que Suárez Trenor, imputado en el caso Fórum Filatélico por un presunto delito de cohecho (cobro de sobornos) –al igual que el exalcalde nacionalista de Santa Cruz, Miguel Zerolo– abrió una cuenta en las Islas Bermudas en 2004 con una cantidad de unos 200.000 dólares. En diciembre de 2005 se realizó un ingreso de 60.000 dólares y en enero de 2006, de 50.000 dólares.

Asimismo, se determina que Trenor estaría tratando de liquidar sus inversiones en dicho lugar. Para el Juzgado que investiga este caso, el oficio de la UDEF tiene una enorme trascendencia en esta causa, por lo que ha pedido colaboración a la autoridad británica. En este sentido, se solicita información sobre si Suárez Trenor es titular de cuentas bancarias o de cualquier otro producto en aquel territorio; sobre las fechas de apertura o cancelación, y sobre los movimientos registrados. Para evitar que este sustraiga de su patrimonio cantidad alguna pues, según el oficio de la UDEF, el exdirigente de CC está tratando de liquidarlo, se solicita el bloqueo de la cuenta de las que sea titular.

A dicha cuenta en las Islas Bermudas se sumarían las dos sociedades que Suárez Trenor tiene en el paraíso fiscal de la Isla de Man, tal y como ya se ha acreditado en las diligencias realizadas por el caso Fórum Filatélico. En las investigaciones se establece que durante la presidencia de Suárez Trenor hubo "numerosas irregularidades administrativas, como la no aplicación de la Ley de Costas, y de gestión" en la Autoridad Portuaria, concluyéndose que la pérdida patrimonial del Puerto chicharrero fue de 6,3 millones de euros. Según los informes, en los expedientes relacionados con el procedimiento concesional de la Autoridad Portuaria a diferentes empresas se muestra el escaso interés de esta por ajustarse al procedimiento, "de forma que las concesiones no eran acordes a los usos portuarios, se incumplían los plazos y las transmisiones se realizaban sin que el nuevo titular reuniese los requisitos para el ejercicio de la nueva actividad".

Respecto a los cánones que se debían aportar, se destaca en los informes que la "arbitrariedad" era la línea dominante, pues "su exención o reducción se realizaba en contra de lo legalmente establecido, produciendo una pérdida de ingresos para el Puerto de Santa Cruz de 2,3 millones de euros". Las irregularidades cometidas en relación con la Consignataria Herrera supusieron una pérdida para la Autoridad Portuaria de 2,9 millones de euros, perdida patrimonial que es imputable fundamentalmente a Luis Suárez Trenor, presidente en aquel entonces del Puerto, tal y como se indica en los informes policiales.

Estos apuntan que también son importantes las disfunciones en la empresa Sofitesa, en la que la Autoridad Portuaria participaba junto al Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo y CajaCanarias, así como la ausencia de capitalización del canon del Parque Marítimo de la capital, que determinó que el Puerto se mantuviera con el 50% de las acciones, en lugar del 99,61% que le hubiera correspondido, lo que supuso una reducción del patrimonio neto de más de un millón de euros. En los informes se concluye que en total la pérdida patrimonial de la Autoridad Portuaria durante el periodo de la Presidencia del exdirigente nacionalista asciende a 6.380.658 euros.

Las investigaciones policiales también ponen de relieve que los tratos realizados entre el empresario José Ana Pérez Labajos y Luis Pedro Suárez Trenor en la tramitación del expediente de concesión administrativa para construir un muelle deportivo en San Andrés, cuyo impacto ambiental ha sido rechazado por el Ministerio de Medio Ambiente, reportaron al expresidente del Puerto una serie de beneficios económicos que fueron ingresados directamente en caja, tanto en sus cuentas personales como en la de su mujer y sus hijos. También existieron acuerdos entre Suárez Trenor y Luis Santana (Viario Ingenieros) y Eduardo García (Tecamac), de forma que la contratación del primero fue una obligación impuesta por el presidente del Puerto. A cambio de esta obligación, tanto Eduardo García como Luis Victoriano llegaron al acuerdo con Suárez Trenor de entregarle el 10% de los beneficios obtenidos por los trabajos realizado, lo que supondría un beneficio para el expresidente de CC de 52.000 y de 89.165 euros.

El informe policial patrimonial del expresidente de la Autoridad Portuaria, que señala que tiene una cantidad total de 520.900 euros de ingresos en efectivo que son de origen desconocido, también indica que abonó 90.000 euros en efectivo para la adquisición de una vivienda y que compró varios vehículos entre los años 2002 y 2003 con dinero de origen desconocido. Además, estos tres hechos coinciden con el periodo de tramitación de la concesión administrativa de la marina del pueblo chicharrero de San Andrés.