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lunes, 1 de diciembre de 2014
Los hoteleros de Valladolid reclaman una regulación de los pisos turísticos
Los hoteleros de Valladolid reclaman una regulación de los pisos turísticos
Consideran que es una «competencia desleal», para un sector que crece a un ritmo cercano al 20% anual
- Están aquí, en el mercado, y han venido para quedarse. El cliente tiene ahora la posibilidad de decidir cuándo quiere alojarse en una ciudad, y si va a un hotel o a una casa particular. Hay una diferencia en los precios y son competitivos, sobre todo cuando se trata de estancias cortas».Esta reflexión fue planteada ayer por Ricardo Fernández, abogado madrileño, experto en derecho turístico, ante medio centenar de directores y propietarios de establecimientos hoteleros de la provincia de Valladolid, que asistieron al I Foro de Novedades del Sector Turístico y Hotelero, organizado por la Asociación de Hoteles vallisoletana.Responsables de estos establecimientos, con varias estrellas en sus puertas, comprobaron como el futuro para el sector turístico oficial, para el que paga sus impuestos, es preocupante. Por ello, reclamaron ayer en sus intervenciones que las administraciones públicas regulen esta actividad, que consideran una clara competencia desleal.Según Fernández, experto de Tourism & Law, «las ofertas para alojarse en casas particulares están creciendo a ritmos de entre el 20% y 30% al mes. Y eso es una auténtica locura para el sector hotelero».En una época de crisis, los propietarios particulares han visto en la cesión de habitaciones y pisos una fuente de ingresos, y han comenzado a competir con los hoteles tradicionales, y con aquellos grupos inmobiliarios que no han dado salida a los edificios que no vendieron durante la ‘búrbuja del ladrillo’.Otras ciudadesPara Ricardo Fernández, el crecimiento de esta oferta tiene lugar también en otras ciudades europeas y de Estados Unidos. Y seguirá. «De hecho, los portales de viajes de internet han comenzado incluirla junto con las ofertas de los hoteles oficiales».Según este experto en derecho turístico, la diversidad de compentencias autonómicas no facilita un control de estas actividades no declaradas. «Y si a eso se añade que hay comunidades, como Andalucía, donde solo hay 17 inspectores para vigilar todo el territorio, luchar contra este problema es difícil».Un paso para esta regulación sería establecer para estos propietarios, como se intenta en Cataluña, la obligación de inscribirse en un Registro Oficial de Turismo, para posteriormente fijar un número máximo de días que podrían alojar a sus clientes. «El hecho de que se ponga un límite de alojamiento es muy importante para los hoteles», dijo Fernández, que insistió en que esta transformación del sector «no se va a poder prohibir por cuanto incluso desde la Unión Europea se está favoreciendo».
- Desde el punto fiscal, los establecimientos turísticos particulares no contribuyen a mejorar las cuentas públicas ya que no pagan ni los impuestos, ni las tasas turísticas fijadas por algunas comunidades autónomas.Otro de los interrogantes que se plantean con estos alojamientos se refiere a la seguridad ciudadana. «No están cumpliendo con la entrega de la ficha policial», dijo. La normativa obliga a los hoteles convencionales a tomar los datos personales de todos los clientes que se alojan en sus establecimientos. Sin embargo, los propietarios de pisos no solo no recogen esta filiación, sino que tampoco la trasmiten a la Policía o Guardia Civil. Al respecto, algunos de los directores de hoteles expresaron que muchos clientes solo aceptan dar los datos de uno de los alojados.Acreedores de TranshotelEn el encuentro también se analizó el concurso de acreedores de la empresa Transhotel, una agencia mayorista que canalizaba buena parte de las reservas hoteleras. Esta mercantil se declaró en suspensión de pagos el pasado mes de octubre y sus administradores tratan ahora de buscar un acuerdo, que podría suponer una quita del 50% para las agencias de viajes y establecimientos hoteleros de toda España.Para Ricardo Fernández, aceptar una quita de ese porcentaje, «tal y como está el sector, no sería un mal escenario».Informe policialUn informe elaborado el pasado mes de febrero por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Valladolid, uno de los primeros hechos en España, junto con el de los Mossos d’Esquadra, ha alertado del riesgo que para la seguridad ciudadana suponen los alojamientos en casas particulares sin que la Policía tenga conocimiento. Los agentes de la Brigada Provincial alertan a sus superiores no solo de los extremos sobre la fiscalidad o la ausencia de posibilidad de reclamar que como consumidores tienen los clientes de los pisos turísticos, sino de la delincuencia que se puede allí hospedar.A día de hoy, las comprobaciones sobre la identidad y posibles antecedentes de los clientes es suministrada por los ‘hoteleros oficiales’ en el mismo día y, al cabo de dos horas, la Policía hace informáticamente un cruce de datos con sus bases conectadas también con las del Ministerio de Justicia. Si no se facilitan, cabe la posibilidad de recibir una sanción. Según los expertos policiales, el actual registro en los hoteles de Valladolid confirma la escasa incidencia sobre el uso de estos establecimientos por los delincuentes. «Las órdenes de búsqueda que tenemos en la ciudad, a partir del alojamiento, son muy bajas, ya que el público que pernocta en Valladolid es mayoritariamente de convención, familiar y de turismo. Hay muy poca delincuencia que pasa por los hoteles», explica el subinspector Óscar Jiménez.
DUEÑOS DE LOS POLÉMICOS PISOS DE TURÍSTICOS ASEGURAN APORTAR 128 MILLONES A BARCELONA
Mienten como bellacos, 128 millones, de los cuales mucho dinero se queda y gastan en los establecimientos del barrio, diran en los badulaques comprando litros de alcohol y en los establecimientos de comida rapida
BARCELONA
DUEÑOS DE LOS POLÉMICOS PISOS DE TURÍSTICOS ASEGURAN APORTAR 128 MILLONES A BARCELONA
Tras la rebelión vecinal en el barrio de la Barceloneta, reivindican su contribución al negocio turístico y comercial
Tras la tempestad que causó el verano pasado la rebelión vecinal en el barrio de la Barceloneta de Barcelona, los propietarios de pisos turísticos aprovechan la calma para reivindicarse. Aseguran que gracias a lo que califican de "turismo colaborativo", la ciudad ingresa unos 128 millones de euros anuales. Por ello, hoy se ha celebrado en la plaza Sant Jaume un acto de Anfitriones en Acción, organización que engloba a numerosas personas que comparten sus hogares a través de la plataforma Airbnb. Esta nueva plataforma ha recogido 8.000 postales firmadas por barceloneses que apoyan esta modalidad de pernoctación.
Pretenden demostrar con argumentos que este tipo de acogida es algo positivo para Barcelona y que la mayoría de los visitantes son respetuosos con los vecinos y con la ciudad.
Los hechos ocurridos en la Barceloneta dieron idea de lo contrario, pues la imagen de jóvenes desnudos en plena calle, el turismo de borrachera y el ruido nocturno obligó al Ayuntamiento a tomar cartas en el asuntos y regular este tipo de alquiler. Por su parte, el Gobierno catalán multó al portal de Airbnb con 30.000 euros por comercializar apartamentos turísticos que consideran ilegales.
Pero este colectivo habla de vacío legal y afirma que los visitantes extranjeros que deciden compartir piso y hacer vida de barrio responden a un perfil muy diferente al que se cree. Según los datos de Airbnb, el huesped tiene una edad media de 40 años, el 85% acredita estudios universitarios y el 66% destina su dinero ahorrado en comida y compras. La mitad de ese dinero se gasta en establecimientos de los barrios donde se alojan y el 83% viaja acompañado de dos o más personas, lo que demuestra que los grupos familiares también optan por una fórmula que, aseguran, les permite integrarse en la ciudad, explorar nuevos barrios que no aparecen en las guías y practicar el turismo cultural. El 20% habría estado menos tiempo en Barcelona si no compartieran piso.
Tras la tempestad que causó el verano pasado la rebelión vecinal en el barrio de la Barceloneta de Barcelona, los propietarios de pisos turísticos aprovechan la calma para reivindicarse. Aseguran que gracias a lo que califican de "turismo colaborativo", la ciudad ingresa unos 128 millones de euros anuales. Por ello, hoy se ha celebrado en la plaza Sant Jaume un acto de Anfitriones en Acción, organización que engloba a numerosas personas que comparten sus hogares a través de la plataforma Airbnb. Esta nueva plataforma ha recogido 8.000 postales firmadas por barceloneses que apoyan esta modalidad de pernoctación.
Pretenden demostrar con argumentos que este tipo de acogida es algo positivo para Barcelona y que la mayoría de los visitantes son respetuosos con los vecinos y con la ciudad.
Los hechos ocurridos en la Barceloneta dieron idea de lo contrario, pues la imagen de jóvenes desnudos en plena calle, el turismo de borrachera y el ruido nocturno obligó al Ayuntamiento a tomar cartas en el asuntos y regular este tipo de alquiler. Por su parte, el Gobierno catalán multó al portal de Airbnb con 30.000 euros por comercializar apartamentos turísticos que consideran ilegales.
Pero este colectivo habla de vacío legal y afirma que los visitantes extranjeros que deciden compartir piso y hacer vida de barrio responden a un perfil muy diferente al que se cree. Según los datos de Airbnb, el huesped tiene una edad media de 40 años, el 85% acredita estudios universitarios y el 66% destina su dinero ahorrado en comida y compras. La mitad de ese dinero se gasta en establecimientos de los barrios donde se alojan y el 83% viaja acompañado de dos o más personas, lo que demuestra que los grupos familiares también optan por una fórmula que, aseguran, les permite integrarse en la ciudad, explorar nuevos barrios que no aparecen en las guías y practicar el turismo cultural. El 20% habría estado menos tiempo en Barcelona si no compartieran piso.
Ens costa un plus viure a la Barceloneta, però no volem marxar ni que ens facin fora"
Ens costa un plus viure a la Barceloneta, però no volem marxar ni que ens facin fora"
Els veïns de la Barceloneta viuen aquest estiu un déjà vu. Els turistes que vénen a passar una setmana de vacances es converteixen en els seus nous veïns als blocs de davant, de l'esquerre, de la dreta i, fins i tot, en els pisos de la seva mateixa escala. Les escenes que protagonitzen també es repeteixen: crits als balcons, música alta, beure i orinar al carrer o anar mig despullats per la via pública. "Ens costa un plus viure al barri, però no volem marxar ni que ens facin fora", explica l'Anna, de 39 anys, que viu amb la seva parella i la seva filla de poc més d'un any en un dels carrers propers a la plaça poeta Boscà. La seva parella va néixer a la Barceloneta i els seus sogres també hi viuen. "Diverses agències ens han volgut comprar el pis, però volem quedar-nos", explica l'Anna.
Al carrer Almirall Cervera hi ha un dels locals d'una agència de lloguer de pisos del barri que obre a la nit. A les dotze del migdia, però, les portes estan tancades. Al vidre hi ha penjades nombroses ofertes d'habitatges que demanen més de 200.000 euros per poc més de 30 metres quadrats. "Els preus immobiliaris del barri no es corresponen amb el nivell econòmic dels veïns de tota la vida
", assegura la Pepita, de 60 anys. La majoria cobren sous que no arriben als 1.000 euros mentre que els turistes paguen entre 600 i 1.000 euros per una setmana de lloguer d'un pis de 30 metres quadrats. El fet que els pisos siguin tan petits obliga tant a veïns com a turistes a fer vida al carrer. "Jo no puc tenir una nena d'un any tancada tot el dia", admet l'Anna.
La convivència és complicada sobretot amb els turistes més joves. "Vénen a la recerca de platja, festa i alcohol", denuncia una veïna del carrer de Meer. "En més d'una ocasió, he cridat l'atenció a turistes per orinar al mig del carrer i sempre em contesten escridassant-me", denuncia la Pepita. La separació entre turistes i veïns és tan gran que cada grup té els seus propis bars, comerços i restaurants habituals. La majoria de clients de la Bodega Sergio són veïns del barri. Mentre es pren una cervesa, un d'ells recrimina a una turista que vagi tan de pressa amb la bicicleta. "Espero que et pari la Guàrdia Urbana", li diu.
Aquests dijous es nota l'increment de patrulles de la Guàrdia Urbana al barri –que ahir va anunciar l'Ajuntament– i que es barregen de tant en tant amb alguna de la policia nacional. "Això durarà dos dies, fins que els mitjans de comunicació deixin de parlar de nosaltres", assegura un client de la bodega Sergio.
De fets els veïns coincideixen a assenyalar que el problema no és una falta de presència policial, sinó de la manca de regulació urbanística que pateix el barri. "L'ajuntament ha de posar barreres per acabar amb l'especulació urbanística que pateix la Barceloneta", insisteixen. Els veïns es tornaran a manifestar aquest dijous a les 22.00 a la plaça poeta Boscà contra el turisme incívic.
La federació d'apartaments turístics culpa l'Ajuntament del conflicte de la Barceloneta
La federació d'apartaments turístics culpa l'Ajuntament del conflicte de la Barceloneta
Federatur, la patronal catalana dels apartaments turístics, ha culpat l'Ajuntament de Barcelona del conflicte al barri barceloní de Barceloneta provocat pel turisme de baix cost. A parer del president de l'ens, Lluís Torrent, la negativa municipal a donar noves llicències per a establiments d'aquest tipus al barri ha provocat la proliferació d'oferta il·legal, segons ha dit en declaracions a l'ACN.
Torrent es pregunta el per què de la negativa, quan hi ha 622 llicències per a oferta d'aquest tipus contra 17.500 de llits d'hotel. "Ara mateix –ha assegurat– no sabem quins són els pisos il·legals, ni on són ni quin control es pot fer".
El sustituto de la vocal del CGPJ que sacó dinero de Andorra está imputado por falsedad documental
El sustituto de la vocal del CGPJ que sacó dinero de Andorra está imputado por falsedad documental
Antonio Alvarez-Buylla (primero por la izquierda) junto con los otros dos suplentes del Consejo General del Poder Judicial elegidos por el Senado: Maria Isabel Valldecabres y Jose María Macías.
La reciente dimisión de Mercè Pigem, la vocal del Poder Judicial a la que sorprendieron con 9.500 euros en efectivo en la frontera con Andorra, presumiblemente llevará hasta el máximo órgano de gobierno de los jueces a un imputado, acusado de un delito de falsedad de documento público. Se trata de Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, un jurista conservador que fue propuesto por el PP y votado por el Senado como primer suplente en los nombramientos de esta cámara para el Poder Judicial por el turno de juristas, el mismo por el que fue elegida Pigem.
Álvarez-Buylla es el decano del Colegio de Procuradores de Madrid y se enfrenta –junto al secretario del Colegio de Procuradores, Ramiro Reynolds Martínez– a un proceso penal que actualmente está llevando el juzgado número 30 de instrucción de Madrid. La Asociación para la Defensa del Procurador se querelló contra ambos por manipular el estatuto del Colegio de Procuradores.
Según la querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el texto que los procuradores madrileños aprobaron en una junta general no coincide con el que, días después, fue inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La segunda versión, dice la querella, modificó un artículo que afecta a las cuotas que los procuradores tienen que pagar al Colegio.
Según la Asociación para la Defensa del Procurador, la nueva redacción añadió un párrafo sobre el texto que había aprobado la junta general, estableciendo una especie de cuotas variables que dependen de lo que gane cada procurador. Este cambio ha elevado en gran medida estas cuotas, que anualmente suponen alrededor de cuatro millones de euros. Desde que ese nuevo estatuto está en vigor, varios procuradores han sido también expulsados del colegio por negarse a pagar.
La querella fue presentada el 14 de junio de 2013 y, en un primer momento, fue sobreseída por el juzgado número 30 de instrucción. Sin embargo, la Asociación para la Defensa del Procurador recurrió la decisión y la Audiencia Provincial de Madrid falló a su favor. Hace unos meses, el 20 de marzo, la Audiencia Provincial ordenó en un auto la reapertura de la investigación y “la declaración de los querellados en calidad de imputados”, a pesar de que la Fiscalía se oponía.
El auto es muy contundente y en él la Audiencia Provincial llega a asegurar que “los hechos imputados en la querella revisten los caracteres de un delito de falsedad en documento público previsto y penado en el artículo 390.3″ del Código Penal. Dicho artículo conlleva penas de tres a seis años de prisión.
Si el imputado Antonio María Álvarez-Buylla acaba finalmente como nuevo vocal del Poder Judicial, su caso pasaría al Tribunal Supremo porque se convertiría en aforado.
Una dimisión que afecta a la continuidad de Pablo Ruz
La salida de Mercè Pigem y su probable sustitución por Álvarez-Buylla ha alterado también el equilibrio de fuerzas en el Poder Judicial. Pigem, propuesta por CiU, formaba parte de la comisión permanente: el órgano donde se toman las decisiones más importantes. Desde CiU, se ha insinuado que la filtración a la prensa de que había sido sorprendida con 9.500 euros en la frontera responde a otros motivos. “No todo el mundo que viaja a Andorra al cabo de cinco minutos se encuentra una noticia en un periódico”, ha asegurado Jordi Turull, portavoz de CiU en el Parlament catalán.
La comisión permanente de la que sale Pigem tendrá que decidir en las próximas semanas sobre la continuidad de Pablo Ruz al frente del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional donde se instruyen los delicados sumarios del caso Gürtel y Bárcenas. Antes de la salida de Pigem, los magistrados nombrados por el PP tenían la mayoría, pero solo por el voto de calidad –que cuenta como dos en caso de empate– del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
Apartur acusa al Ayuntamiento de Barcelona de "linchamiento" contra los apartamentos turísticos
Apartur acusa al Ayuntamiento de Barcelona de "linchamiento" contra los apartamentos turísticos
La patronal considera que la suspensión de licencias responde a "razones políticas"
Un viajero llega a un apartamento turístico.
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona(Apartur) ha dicho este viernes que la suspensión de la concesión de licencias para pisos turísticos es un "episodio" más de una operación de "linchamiento continuo" del Ayuntamiento de Barcelona contra este tipo de establecimientos.
El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este viernes queno concederá más licencias para pisos turísticos en ningún barrio de la ciudad, tras ampliar la suspensión de licencias que inicialmente aprobó para los barrios donde más proliferan este tipo de establecimientos.
El presidente de Apartur, David Riba, ha apuntado que la decisión ha sido motivada únicamente por "razones políticas" ya que existen informes de urbanismo que preven la posibilidad de conceder nuevas licencias en función de las diferentes densidades y de las licencias ya existentes en los diferentes barrios de Barcelona.
Riba ha dicho que el alcalde de Barcelona ha tomado esta decisión"presa del electoralismo", ha asegurado que el gobierno municipal "todavía está a tiempo de reconsiderar la decisión" y le ha recomendado "recuperar el diálogo con el sector".
En un comunicado, la patronal del sector ha denunciado que la comisión de Viviendas de Usos Turísticos es una "imposición arbitraria e injusta" que el consistorio ha tomado sin consultar al sector ni presentar ningún tipo de estudio.
Apartur ha asegurado que esta comisión teóricamente estaba pensada para estudiar y planificar de la mano del sector una forma más ordenada de crecimiento de licencias en Barcelona y no para cerrar la puerta a las licencias turísticas "condenando" al sector alcrecimiento cero.
La patronal ha asegurado que los visitantes que se alojan en apartamentos hacen mucho más gasto en el pequeño comercio de proximidad que los clientes de otros tipos de alojamientos y que un 23 % de los turistas optarían por otra ciudad si no pudieran alojarse en este tipo de establecimientos.
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