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Si la casa está anunciada en Internet, amueblada y destinada al turismo, el propietario está obligado a registrarla en la Dirección General de Turismo, a poner una placa en la puerta de la vivienda con los precios visibles y, lo más criticado, a alquilarla un mínimo de cinco noches. De no cumplir alguno de estos requisitos, el Gobierno regional podría sancionar al arrendador. La multa oscilaría entre 3.000 euros y 300.000. “No irán puerta por puerta ni buscarán en Internet posibles infractores. Con la denuncia de un vecino sería suficiente”,