La remunicipalización del agua, una tendencia

La remunicipalización del agua, una tendencia global impulsada por plataformas ciudadanas en los Països Catalans

En Catalunya un 80% del agua es gestionada por empresas privadas o mixtas, que generan una tarifa un 25% más cara que allá donde el servicio está en manos públicas.

Infografía sobre el coste del agua en el área metropolitana de Barcelona / PAU FABREGAT

El acceso a una agua potable, saneada y a un precio asequible fue reconocido explícitamente como un derecho humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución de 2010. A pesar de la consideración del agua como bien de interés común (y cada vez más escaso), muchos municipios ceden su administración a manos privadas. El caso de Catalunya es especialmente impactante: un 80% del agua está gestionada por empresas privadas o mixtas. En el Estado español, este porcentaje es del 50%; en Europa, no supera el 30%, y en todo el mundo, se queda en un 10%.Según datos comparados de varios municipios obtenidas del Observatori del preu de l’aigua en Catalunya, una herramienta de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la tarifa de los municipios con gestión privada es un 25% más cara (de media) que la de los de gestión pública. El encarecimiento es debido a tres factores. El primero, el beneficio industrial. El segundo, los costes encubiertos que se derivan de las subcontrataciones. Y el tercer factor de encarecimiento es el canon concesional, una cuantía que funciona como un impuesto encubierto y que los ayuntamientos piden a la empresa en contrapartida por la concesión.

El modelo privado también va asociado a una serie de irregularidades, según varios estudios. En el caso del área metropolitana de Barcelona (AMB), un informe elaborado por la plataforma Agiua és Vida en 2012 señala los costes ilegítimos que se añaden al recibo, que incluyen el pago de intereses a La Caixa, el acceso al conocimiento de Agbar o sus campañas publicitarias (ver infografía). En total, añadiendo los sobrecostes no asociados al agua, las familias tendrán que pagar un 80,9% más (124,1 euros más cada año) por el mismo servicio o uno de más mala calidad durante los próximos 33 años.

Oleada de remunicipalización 

Según el informe Water remunicipalisation as a global trend, del Transnational Institute, 180 municipios de todo el mundo han recuperado la gestión pública del agua entre el año 2000 y el 2014. En los Països Catalans, sobre todo en Catalunya, algunos municipios aprovechan la finalización de la concesión privada y plantean procesos de remunicipalización del servicio, ya sea asumiendo la gestión directa desde el consistorio o a través de una empresa pública.

En Arenys de Munt, el gobierno municipal vuelve a controlar el abasto de agua desde 2011 (a pesar de que SOREA, la empresa concesionaria desde 1999, lo ha demandado por pérdida de beneficios futuros). Pollença (Mallorca), el Figaró-Montmany (Vallès) y Montornès del Vallès también han recuperado la gestión pública, esta última población después de estar 50 años en manos de la empresa familiar CADAC, S.L. En el caso de Girona, el ayuntamiento todavía tendrá que esperar ocho años más porque se encontró con un plan de inversiones amortizadas de AGISSA cuando estaba a punto de acabar la concesión y se vio obligado a renovar el contrato. Por su parte, la Taula de l’Aigua de Terrassa ha puesto en marcha una campaña para reclamar la remunicipalización ante el escenario, el 2016, del fin de la concesión de 75 años a Agbar.

La defensa de una administración pública del agua se hace desde plataformas ciudadanas como Aigua és Vida, pero también a través del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), una entidad pública de base asociativa que agrupa varios ayuntamientos implicados directamente en la gestión del abasto de agua. Participan, entre otros, los ayuntamientos de Reus, Manresa, Mataró, el Prat del Llobregat, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú. El CONGIAC tiene una función política de asesoramiento sobre gestión pública y remunicipalización del servicio, pero también es un espacio de coordinación para hacer compras conjuntas de energía, para compartir laboratorios de análisis o software específico y para preparar campañas de comunicación.

Anne Le Strat, teniente de alcalde del gobierno de París que impulsó la remunicipalización del agua a la capital francesa el 2010, cree que estas medidas son sinónimos de eficacia. “La experiencia de París demuestra que la gestión pública es eficaz: en un año, las tarifas del agua bajaron un 8%”, afirma en unaentrevista a La Directa. “Todo aquello que se gana se reinvierte para mejorar el servicio y, además, se han hecho innovaciones tecnológicas. Sólo hace falta voluntad política”, afirma Le Strat.

Las expertas coinciden a señalar la transparencia, la rendición de cuentas y el establecimiento de mecanismos de regulación y control públicos como los mínimos imprescindibles para asegurar que el agua se administre de manera eficaz y también democrática. Las plataformas ciudadanas continúan defendiendo una gestión pública que considere el agua como un bien común y no como una mercancía más.