El Ayuntamiento, por unanimidad de todos los grupos municipales, se compromete a emprender medidas municipales con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional. Por otro lado, considera que los suministros de agua, de energía eléctrica y de gas son bienes básicos que deben ser garantizados para todas las familias, por lo que, en consecuencia, "la Corporación municipal establecerá la normativa que garantice que las familias en riesgo de exclusión social dispongan de dichos suministros mínimos".
La moción aprobada en el pleno de diciembre incluye la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para cubrir las demandas de emergencia habitacional.
Asimismo, el Ayuntamiento trabajará por crear un parque de viviendas público y otro privado, en régimen de alquiler social, para realojar a personas y familias desahuciadas; creará un registro de personas afectadas por situaciones de potenciales desahucios y que vivan bajo el umbral de la pobreza a fin de realizar el seguimiento fehaciente de sus carencias, se opondrá a cualquier desahucio de vivienda en la que se encuentren viviendo menores, revisará los protocolos de actuación de sus servicios sociales en casos de desahucio (seguimiento de los casos de familias que han sido desahuciadas, atención de hijos menores, etc.) y solicitará al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
En las circunstancias en las que no se pueda impedir el desahucio, el Ayuntamiento se compromete a propiciar el realojo provisional en una vivienda de su titularidad, de sus entes instrumentales o privada. Este realojamiento se hará en régimen de alquiler social asequible de las personas que hayan sido privadas de su vivienda habitual y permanente por razón del desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecaria o ejecución arrendataria en virtud de resolución judicial y se encuentren en situación de riesgo de exclusión social.Por su parte, los servicios jurídicos municipales colaborarán con las familias víctimas de un desahucio o ejecución hipotecaria en todas las situaciones que necesiten el asesoramiento, la intermediación y, en su caso, la protección adecuada para prevenir la pérdida de su residencia habitual y permanente.
También se apoyó que el Ayuntamiento se dirija a las entidades financieras que operan en el municipio para pedirles la paralización de los desahucios de familias en riesgo de exclusión social y el cumplimiento de los criterios de la jurisprudencia europea en materia de deuda tributaria. "En caso de no obtener respuesta satisfactoria por parte de alguna de ellas, se estudiará la aplicación de medidas adecuadas para conseguir los efectos pretendidos".
Finalmente, la Administración local elaborará un censo de viviendas vacías propiedad de bancos o entidades financieras con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen de viviendas; facilitará, aplicando para ello las medidas que resulten oportunas, que las entidades financieras pongan su stock de viviendas cerradas a disposición de los programas municipales de alquiler social; no colaborará con ninguno de sus recursos en los procedimientos de lanzamiento, se compromete a apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias se organicen en defensa del derecho a la vivienda e instará al Gobierno de la Región de Murcia a emprender las acciones que sean necesarias, más allá de las que ya se han puesto en marcha, para impedir que familias en riesgo de exclusión social sean desahuciadas.
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