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sábado, 25 de octubre de 2014

Alaya cabrea a la Policía y desafía a la Prensa

Alaya cabrea a la Policía y desafía a la Prensa

Plante de fotógrafos en 2010 al presidente Zapatero.Plante de fotógrafos en 2010 al presidente Zapatero.
Esta vez ha conseguido sorprender a todos, incluidos aquellos que nunca hicieron reproches a su controvertida instrucción de los ERE dado que iba dirigida a la buena causa de desenmascarar el clientelismo y la corrupción de tres décadas de poder socialista en Andalucía.
Otros, como el Partido Socialista, no ven llegar el ansiado momento de que Mercedes Alaya cometa un error fatal que le impida sumar a la de los ERE esta nueva macrocausa de la formación; o de que el Supremo que acabe recortando sus ‘superpoderes’ en lo que consideran una “causa general” contra los gobiernos socialistas en la que hace mucho tiempo que la juez dejó de seguir el rastro del dinero para centrarse en el rastro de la política.
La juez dictaba ayer dos polémicos autos que todavía no han sido digeridos por sus respectivos destinatarios. El primero exige a la Policía Nacional de cese “de inmediato” en sus investigaciones sobre las irregularidades en los cursos de formación porque están entorpeciendo las pesquisas que sobre el mismo asunto viene realizando la Guardia Civil bajo la dirección de Alaya.
El documento lo ha dirigido a la Dirección General de la Policía, pero no está claro que la decisión esté en su mano, dado que hay otros juzgados investigando esas mismas irregularidades a partir de las investigaciones que la Policía Nacional viene desarrollando desde hace meses. Fuentes de la investigación trasladaron a andalucesdiario.es su airada reacción –a mitad de camino entre la indignación y el sarcasmo– por la exigencia de Alaya.
SALVAD AL TESTIGO MONTES
El segundo auto advierte a los medios de comunicación de que pueden incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad si vuelven a publicar alguna imagen de su testigo ­–declarado protegido– Teodoro Montes, funcionario jubilado y exjefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional. Montes ha sumado más de 30 horas de declaraciones ante la jueza en lo que, pese a ciertas vaguedades y algunas rectificaciones, parece tener la suficiente consistencia como para convertirse en una de las principales pruebas de cargo contra la gestión política de la formación en Andalucía.
La primera reacción contra este segundo auto se conocía ayer mismo y partía de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), que, “desde el más absoluto respeto”, emitió un contundente comunicado para “hacer pública su crítica y disconformidad con esta medida que coarta la libertad de expresión”. La nota de la APS guarda las formas con la instructora, pero no le ahorra las críticas. La principal de ellas, que la prohibición de Alaya llega “cuando las imágenes del Sr. Montes llevan dos semanas en las pantallas de la televisión y en las páginas de todos los diarios, impresos y digitales”. Y recuerda que “todos los datos personales del testigo (nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, domicilio actual y teléfono móvil particular) figuran en todos los documentos de las declaraciones testificales que la propia juez ha entregado a las partes”.
LA AMENAZA INVISIBLE
Aun así, la decisión de reclasificar a Montes como testigo protegido fue adoptada por Alaya después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la aplciación de las medidas previstas por la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos “con la finalidad de asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia, sino también asegurar las resultas del presente procedimiento”.
En medios periodísticos y en algunas de las partes personadas ha sorprendido esa aparatosa petición en relación a un testigo de quien no se conocía que hubiera recibido amenaza alguna a su persona, aunque sí a su testimonio, sobre el que pesan varias amenazas de querella por las acusaciones vertidas por el testigo. Y para complicarlo todo un poco más la propia jueza advirtió a esos posibles querellantes –la patronal andaluza, el sindicato CCOO, una asociación de discapacitados psíquicos– que no iba a permitir presiones de ningún tipo sobre su testigo.
No ha sentado mejor en medios judiciales y policiales la pretensión unilateral de la juez de quedarse con el caso de la formación teniendo en cuanta que más de una decena de juzgados de Andalucía tienen abiertas diligencias. Parece una mera cuestión de tiempo que alguna de las partes personadas en el proceso recurra contra la competencia de la juez para quedarse con el caso.
ESTE CASO ES MÍO
El origen del caso y la legitimidad de Alaya para instruirlo están envueltos en una cierta bruma: la versión primera e inicialmente no desmentida por la juez es que el testigo Teodoro Montes acudió el año pasado al juzgado de Alaya para denunciar irregularidades en la adjudicación, gestión y fiscalización de los cursos de formación, pero lo remitieron a la Guardia Civil. Al final declaró ante el instituto armado y desde allí enviaron su declaración directamente al juzgado 6, con lo cual se habría hurtado el trascendental paso de entrar, como hacen todas las denuncias, en el reparto entre los diferentes juzgados naturales.
¿Por qué habría de instruir Alaya el caso? En principio, porque se trataría de una derivación del caso de los ERE y vinculado a éste, pero el eslabón que conectaría ambos casos no ha quedado hasta ahora del todo claro. Desde luego, el testigo Montes, en su prolija declaración ante la juez, no ha aportado ese eslabón perdido. Por si acaso, Alaya ha aclarado esta misma semana que su competencia le vendría por una de las diligencias practicadas en el caso de los ERE al exsindicalista y ‘conseguidor’ Juan Lanzas, de cuya declaración se habría derivado algún tipo de conexión entre los ERE y la formación.
En todo caso, a la vista de la ingente documentación que la juez ha empezado a exigir a la Junta de Andalucía, relativa a miles de expedientes administrativos de cursos de formación, Mercedes Alaya parece dispuesta a aplicar la misma técnica de instrucción que con los ERE: solicitar la documentación de todas las ayudas y subvenciones en la certeza de que un examen detenido de la misma hará la aflorar las ilegalidades cometidas

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